Luego de seis años de trámites judiciales, Marina Barbagelata, la jueza que acumuló las 3 denuncias, trabaja en los últimos pasos para que antes de fin de año se eleve a juicio la causa por la megaestafa.
Las denuncias se dividen en tres períodos: 2004-2007, 2008-2011 y 2012-2014. Se investigan maniobras de fraude al Estado mediante el mecanismo de compensaciones que regía en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), por el cual acordaban el pago de un 70% de lo que se debía, todo en efectivo. Ese dinero no ingresaba nunca a las arcas de la ATER pero los funcionarios responsables hacían borrar las deudas en el sistema. En total, el perjuicio generado alcanza los $46.176.502,61.
Se trata de una causa compleja, no por el delito en sí, sino por la cantidad de involucrados y porque está bajo un sistema mixto que mezcla el acusatorio que rige actualmente junto al anterior que tenía a cargo la investigación el juez de instrucción. En este sentido, originalmente, en la causa se tomó declaración indagatoria a unas 180 personas. En algunos casos, sólo comparecieron una vez ante la Justicia pero hay casos que debieron concurrir en 3 oportunidades ante los funcionarios judiciales por estar implicados en todos los períodos denunciados.
Del total de 180 imputados, unos 127 fueron procesados por la jueza Barbagelata y otros 53 fueron sobreseídos en su momento por la magistrada. Luego, la fiscal a cargo de la causa, Laura Cattaneo, solicitó el sobreseimiento de otras 31 personas, por lo cual el listado de acusados se recortó a 96.
Recién este año, en tiempos de pandemia, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio y, en esta solicitud, Cattaneo requirió que 12 personas de las 96 sean también sobreseidas ya que los montos eran muy bajos (inferiores a $15.000).
Juicio oral
35 acusados llegan a juicio oral, de los cuales 5 son exempleados funcionarios de la ATER: María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Darío Fabián Barreto, Gustavo Alejandro Gioria, Fabrizio Dayub y Daniela Romina Miño. Todos ellos acusados de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros y cohecho pasivo en concurso ideal; y delitos de defraudación a la administración pública.
En tanto, los demás acusados corresponden a contribuyentes que no se encuadraron en la suspensión del juicio a prueba (probation) ya sea porque no lo solicitaron o porque no cumplieron con el requisito establecido por la Justicia: saldar el monto del hecho investigado y el pago de una contribución extra a Fiscalía de Estado que es querellante por ser víctima del delito.
Jorge Zuttion, Julio Schmuck, Luis Speroni, Carlos Sayosti, Miguel Banega, Carlos Ostro, Diego García, Jorge Luis Mayeret, Ricardo Van Ver Dockt, Hilda Ancarola, Alberto Bonvin, Walter Castañeda, Fulvio Dapit, José Miguel Dittich, Rodrigo Ferreri, Manuel González, Javier Kolln, Jose Kupervaser, Osvaldo Leiva, Marcelo Longhi, Omar Maledo, Mauro Neme, Beatriz Ghiggi, Leonardo Premaries, Raúl Premaries, Javier Ramírez, Miguel Artemio Waigel y Alejandro Santiago son los acusados que irán a juicio oral.
El Estado logró recuperar gran parte del dinero que formó parte del perjuicio económico generado por la maniobra: alrededor de un 60%, ya que en la causa, unos 76 acusados se acogieron a la suspensión del juicio a prueba.
Recorrido judicial
La jueza Marina Barbagelata, en diálogo con Cuestión de Fondo, brindó precisiones sobre los trámites judiciales relacionados a la causa: “Cada una de las personas imputadas tiene los mismos derechos que donde hay uno o dos imputados, entonces los tiempos que demanda el trámite es inconmensurablemente mayor. Concretamente se dictó el auto de mérito en diciembre de 2017, en febrero se notificó este auto de procesamiento a todas las personas que involucraba, estamos hablando un poco menos de 200 personas notificadas, entre febrero y abril se hicieron estas notificaciones y en abril de 2018 se elevó la causa a la Cámara de Apelaciones respecto de todos los imputados que habían recurrido el procesamiento. Y en abril de 2019 baja la causa ya confirmado el procesamiento. Inmediatamente en ese mismo abril se le corre vista a la Fiscalía, un trámite propio del procedimiento mixto que es el que rige esta causa, para que evaluara si la causa estaba en condiciones de ser elevada a juicio”.
Por las mismas razones que demoró el trámite del auto de mérito, tomar todas las indagatorias, la Fiscalía tuvo la necesidad de evaluar, y esto demandó también casi un año, porque en abril de 2020 la Fiscalía solicitó la remisión de la causa a juicio, en el medio de la pandemia, de la cuarentena, esto implicó que a las complicaciones propias de la causa se le sumara esta otra situación. A la remisión solicitada por la Fiscalía, se adhirió la Fiscalía de Estado, en agosto de este año. Con estos dos requerimientos se le corrió vista a las defensas, ya están todas notificadas, algunas se han opuesto, otras pidieron el sobreseimiento de sus defendidos, entonces la causa está para que se valoren estos planteos de las defensas, entonces pienso que en el transcurso de lo que queda del año es que se van a dar trámite y se definirá el avance de la causa”, expresó la magistrada.
Por último, la jueza resaltó que “de los 130 procesados, aproximadamente, la Fiscalía pidió la remisión a juicio solamente de 35 imputados. Y esto porque durante el año que demandó el trámite de la apelación, muchos de los imputados solicitaron la suspensión del juicio a prueba. Se les dio trámite y es importante que se sepa que se requirió a todos los que fueron beneficiados con este instituto del derecho penal, que regularizaran la situación en ATER y que en el transcurso de la probation se cancelara la deuda que tenían con ATER. De algún modo las 91 personas aproximadamente, que son 91 contribuyentes, han pagado a la ATER los impuestos que no se habían integrado correctamente. Ningún funcionario puede ser beneficiado con esto, y tampoco ningún contribuyente que no hayan regularizado. Algunos se demoraron más que otros por el monto, porque eran tan altos que en una operatoria debían acomodarse económicamente para hacer frente al compromiso del pago de estos tributos. Porque si bien eran no pagados, muchos eran durante muchos años, y ahora era el monto completo para regularizar y saldar en el transcurso de la suspensión del juicio a prueba”.