La alquimia impositiva argentina volvió a hacer de las suyas. La creación del impuesto a las grandes fortunas para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia de coronavirus concretó un paso más en la telaraña de gravámenes, tasas y contribuciones a las que está expuesto el patrimonio en blanco. Y que quede claro, el blanco. El “negro”, bien gracias.
Los cálculos sobre cuántos serán los argentinos que finalmente paguen el impuesto son, por ahora, una estimación.
En su momento, la número uno de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, calculó que 9298 personas estarían alcanzadas por el nuevo impuesto. El dato surgía de un trabajo enviado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Pero más tarde, el 24 del mes pasado, en una exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado sobre el proyecto del aporte solidario y extraordinario, la directora del organismo recaudador elevó la cifra a “alrededor de 12.000 personas”, según “las nuevas estimaciones realizadas por la AFIP a partir de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes para el período fiscal 2019”.
Por su parte, el viernes por la noche, el senador por Córdoba Carlos Caserio (FdT), que fue el miembro informante de la iniciativa llegada de la Cámara de Diputados, se mostró en sintonía con los números de la AFIP y resaltó que “la ley contempla un universo que va entre los 11.000 y los 12.000 contribuyentes”. De aquellos que pagan Bienes Personales, estarían afectados “el 1,2 por ciento, y de la totalidad de los argentinos, afecta al 0,02 por ciento”. Al proyectar el total de la recaudación, Caserio afirmó que “estimaciones de la Oficina del Presupuesto del Congreso calcularon que llegaría a unos 420.000 millones de pesos, una cifra cercana al 1,5 por ciento del producto bruto interno (PBI)”.
Volviendo a la presentación de Marcó del Pont en el Congreso, el mes pasado, la directora de la AFIP puntualizó que hay 380 “personas humanas” que declaran bienes por más de $3000 millones, el 3,2% del total de los individuos alcanzados por el aporte, que realizarán el 55% del aporte total. Y agregó: “No será necesario que vendan inmuebles rurales para pagar el aporte. Quienes declaran ese tipo de inmuebles y están alcanzados por el aporte, los campos representan en promedio el 2,4% de su patrimonio. Los datos muestran que esos individuos tienen disponibilidades líquidas que son 25 veces superiores al impuesto que deben pagar”.
En la sesión por la aprobación del gravamen surgieron más detalles: afecta a las fortunas superiores a los 200 millones de pesos y grava la totalidad del patrimonio. La alícuota que se va a aplicar es para bienes en el país, del 1 al 3 por ciento. Para bienes en el exterior es del 2 al 5 por ciento.
Según dijo Caserio, el 20 por ciento de la recaudación del impuesto sería para gastos de la pandemia; 20 por ciento, para subsidios a pequeñas y medianas empresas; 20 por ciento, para becas Progresar; 15 por ciento, para barrios populares, y 25 por ciento, para programas y proyectos de producción de gas natural.
La controversial iniciativa, impulsada por los diputados oficialistas Carlos Heller y Máximo Kirchner, recaudará fondos para que el Estado haga frente a los gastos extraordinarios que ocasionó la pandemia de coronavirus.
Uno de los varios puntos polémicos es que la base de cálculo es la declaración en Bienes Personales. Pero el punto es que hay algunas exenciones en aquel impuesto que no están reconocidas en este. Por caso, la tenencia de bonos argentinos no está gravada en Bienes Personales y lo estará en este. Es decir, suman y están gravados.
Según dijo César Litvin al portal del Consejo de Ciencias Económicas, “todo tributo grava una de las manifestaciones de la capacidad contributiva: renta, patrimonio o consumo. En este caso, estamos frente a un impuesto patrimonial, que implica un doble supuesto de imposición jurídica con el impuesto sobre los bienes personales, que ya grava la misma base. Y esto es inédito, dado que en la esfera de la tributación nacional existirán dos impuestos de naturaleza patrimonial gravando a los mismos contribuyentes y a la misma base. Ambos tributos tendrán el mismo efecto nocivo sobre la inversión, el ahorro, y además alentará la fuga de emprendedores con capacidad de generar empleo.
Pero hay más objeciones de los tributaristas: a diferencia de Bienes Personales, en este caso no habría nada exento. Y no se descontarían los eventuales pasivos que tenga el contribuyente. Además, no se aplicaría un mínimo no imponible, algo que suele incorporarse en el diseño de los tributos para suavizar el salto de la situación de quienes no tributan a la de quienes sí.
Las alícuotas para bienes en el país van desde el 2% sobre el valor de los activos en el caso de patrimonios de entre $200 millones y $300 millones (el pago mínimo sería de $4 millones) hasta el equivalente al 3,5% del monto que exceda los $3000 millones, más un fijo de $88,5 millones (con $4000 millones se tributarían $123,5 millones). Si se trata de patrimonio en el exterior, a menos que se haga una repatriación parcial, la imposición va del 3% si los bienes están valuados en cifras de entre $200 millones y $300 millones, y al 5,25% si se superan los $3000 millones.
Para evitar las alícuotas agravadas por los activos fuera del país debería repatriarse en 60 días al menos el 30% del valor total del patrimonio en el exterior. Y los fondos tendrían que quedar hasta el 31 de diciembre de 2021 en un depósito bancario o en un destino que fije el Poder Ejecutivo.
Según el proyecto, a lo recaudado se le deberá dar una “aplicación federal”. Sin embargo, está previsto disponer que se deje toda la administración en manos del gobierno central, sin coparticipación de fondos.