Desde el 27 de septiembre último, funcionarios políticos, exfuncionarios, familiares, empresarios y particulares fueron juzgados en el marco de tres causas de corrupción.
A la instancia de debate se llegó luego de la decisión adoptada por la Justicia el 13 de agosto de 2020, cuando decidió agrupar las tres grandes causas contra Urribarri en un solo expediente y así dar lugar al megajuicio: el primer caso es el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Agueilra, se quedó durante 5 años con la torta del negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; y la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra los fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones; y el pago a la productora Nelly Entertainment de $28 millones para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.
El megajuicio arrancó el 27 de septiembre, con 15 imputados. Pero desde el vamos se bajó al empresario uruguayense Hugo Montañana, que por problemas de salud no pudo participar de los debates, y será juzgado en un proceso aparte. Además, en medio del desarrollo de las audiencias ocurrió el fallecimiento de Hugo Félix Céspedes, excoordinador de la Unidad Operativa Mercosur.
El exgobernador Urribarri, para quien Fiscalía pidió 12 años de cárcel por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, dijo en su alegato final ante el tribunal, que conforman los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, que al megajuicio se llegó «a fuerza de arbitrariedades, atropellos y violaciones de garantías constitucionales que nadie discute, y por supuesto se llegó también con una fuerte presión mediática”.
“No hubo en el proceso racionalidad, no hubo en la investigación objetividad, lo cual ha quedado muy en evidencia a lo largo de este largo juicio.Se construyó una investigación en base al sesgo confirmatorio de culpabilidad –aseveró-. En esa línea, la Fiscalía ha hecho sistemáticamente oídos sordos a cualquier prueba excluyente de responsabilidad contra esa mirada sesgada. No tuvo en cuenta las declaraciones de las personas imputadas, que dieron sobrados fundamentos. Pero además pruebas, cuando yo declaré observé que la doctora (Patrica) Yedro se retiró. Todo un gesto”.
Su cuñado, el funcionario del Senado Juan Pablo Aguilera, aseguró: «He sido objeto de una construcción jurídica y mediática, un relato, promovido por un medio y dos o tres seguidores, más los abusos y arbitrariedades del Ministerio Público».
La tesis de la Fiscalía es que se utilizaron fondos públicos, y se encubrió ese desvío de dineros del Estado mediante contrataciones ficticias, para promocionar la figura de Urribarri como posible precandidato a presidente en 2015 para suceder a Cristina Fernández de Kirchner, en lo que se llamó el «Sueño Entrerriano». En esas maniobras, se desviaron fondos por un total de 8, 6 millones de dólares.
En los alegatos de clausura, el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, pidió las siguientes conenas:
Al exgobernador Urribarri, por la comisión en su calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, en 5 hechos, solicitaron la pena de 12 años de cárcel. Además, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación, exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, 4 hechos, le pidieron la pena de 10 años de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado ynegociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Corina Elizabeth Cargnel, contadora de las empresas Next SRL y Tep SRL, que se adjudican al cuñado Aguilera, se la acusa como partícipe necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en 2 hechos. Por esos hechos, la Fiscalía pidió para Cargnel 8 años de cárcel, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Al empresario Gerardo Daniel “Foia” Caruso el Ministerio Público Fiscal lo imputa como partícipe necesario en la comisión del delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. Y pide la pena de 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua.
Al exministro de Turismo de Urribarri, Hugo José María Marsó, acusado como autor del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, le pidieron la condena a 5 años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Emiliano Oscar Giacopuzzi, acusado por Fiscalía de ser “testaferro” de Aguilera, se le imputa como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal y se pidió para él la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Gustavo Rubén Tamay, en carácter de partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, Fiscalía pide la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, también acusada de ser “testaferro”, le achacan en carácter de partícipe secundaria el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal y piden la pena de 3 años de prisión de carácter condicional, y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Alejandro Luis José Almada, cuñado de Aguilera, Fiscalía le achaca como partícipe secundario el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, y le pide la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. También, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Actualmente, es funcionario de la Cámara de Diputados.
A Maximiliano Romeo Sena, , otro “prestanombre”, según Fiscalía, como partícipe secundario del delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, pidieron 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Germán Esteban Buffa, el empresario suertudo que obtuvo una pauta publicitario del Estado antes de que pudiera constituir su empresa, Global Menas, y que fue parte del gerenciamiento de El Diario, de Paraná, como partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, Fiscalía pide una pena de 3 años de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
A Gustavo Javier Tórtul, funcionario del Estado provincial, como partícipe necesario del delito de peculado y de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.