“Entre Ríos es una de las pocas provincias que todavía no adhirió, ni tampoco se ha dado su propia legislación mediante una ley específica.
La iniciativa propone la adhesión de la provincia “a los términos del Título Preliminar, Titulo I, Capítulos I, II III y V, Titulo II, de la ley Nacional N° 27.275 que establece y garantiza el efectivo ejercicio del derecho de Acceso a la Información Pública, en virtud de lo previsto en el art. 36 de dicha norma”, que convoca a las provincias a adherir a las disposiciones de la norma.
En los fundamentos del proyecto, Jaroslavsky sostuvo que uno de los “desafíos de las democracias modernas es poder avanzar a un mayor grado de transparencia por parte del Estado, en cada uno de sus Poderes y versiones” y consideró que “la información pública en la era de la tecnología es central y medular”.
“La corrupción probablemente sea el flagelo que carcome y corroe en gran medida la salud de las instituciones de una república y ella se combate con normas que garanticen mayor y mejor información del quehacer estatal, y también con todas aquellas que signifiquen barreras u obstáculos” para evitar que estas nefastas prácticas se concrete, manifestó, al tiempo que indicó que “consideramos que a través de este tipo de iniciativas estamos contribuyendo a fortalecer la calidad y eficiencia del Estado y las instituciones republicanas”.
En otro tramo de los fundamentos Jaroslavsky hace referencia al artículo 13 de la Constitución Provincial, que reconoce expresamente el derecho de Acceso a la información Pública. Pero lamentó que “transcurridos casi 12 años de la entrada en vigencia de la reforma constitucional del año 2008” no se haya avanzado en la sanción de una ley que reglamente la norma.
Luego recordó que “en el año 2016 el Congreso de la Nación aprobó y reglamentó el mismo derecho a nivel nacional, invitando en su artículo 36 a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la Ley 27.275, sin que esta Provincia aun lo haya hecho hasta la fecha”.
“Es de ese modo como entonces -y hasta tanto esta Provincia pueda contar con su propia legislación en la materia que no se reduzca a un Decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta el derecho de Acceso a la Información Pública- corresponde que ambas Cámaras del Poder Legislativo se aboquen a la tarea de brindar a todos los entrerrianos una herramienta legal que permita no solamente dar cumplimiento a lo ordenado por la reforma constitucional del 2008, sino también materializar ese derecho desde una ley específica”.
Finalmente la diputada provincia Gracia Jaroslavsky consideró que “seguramente durante este período podremos enriquecer la ley nacional, incorporándole disposiciones que contengan la idiosincrasia de nuestra provincia, de sus municipios y comunas, pero mientras tanto resultaría responsable de nuestra parte aceptar la invitación del Congreso de la Nación a la Provincia de Entre Ríos, máxime si se tiene en cuenta que es una de las pocas que todavía no lo ha hecho, ni se ha dado su propia legislación mediante una ley específica, conforme lo dispuso el artículo 13 de nuestra Constitución”.