Así lo deja planteado Nicolás Mattiauda. “El gobernador le pide solidaridad a los contribuyentes para sostener la mala administración de su gestión”, entre otras definiciones del diputado provincial del PRO, integrante del interbloque de “Juntos por el Cambio”, sobre el proyecto que Gustavo Bordet envió a la Legislatura.
La ley que declara la emergencia pública en
materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional
en Entre Ríos, que al gobierno provincial le urge su aprobación en la
Legislatura, pone en evidencia no solo la fragilidad de las cuentas públicas en
general sino además la falta de políticas de Estado para hacer más eficiente el
gasto y tener una administración equilibrada.
Cuando la norma se apruebe y entre en vigencia, el impacto en las finanzas
públicas de lo que se “recaude” durante el tiempo que dure la emergencia, sería
de poco más de 2 mil millones de pesos. Una cifra muy por debajo, incluso, del
resultado deficitario de la provincia en el primer cuatrimestre del año.
Es decir que la emergencia no solo es un parche para recaudar
más, sino que no resuelve los problemas de fondo que tiene la provincia.
Insisto: se recauda más en el corto y mediano plazo, pero no se hace más
eficiente el gasto.
Es cuestionable la extensión de la medida: un año, es decir hasta julio de
2021, con opción a una prórroga por seis meses. En la práctica, tanto a nivel
provincial como nacional, las emergencias se han vuelto permanentes porque a
los gobiernos les ha servido como excusa para no hacer las reformas necesarias
y para agrandar el Estado.
Es cuestionable el carácter “solidario” con el que el oficialismo presenta la
ley ante la sociedad: no es solidario lo que no es voluntario. La
emergencia es para sostener al Estado y deja en evidencia que la provincia está
mal administrada. La culpa no es solo de la pandemia, sino que
existe un desmanejo financiero que se volvió crónico.
Lo que hace Bordet es poner en emergencia a toda la administración pública,
aumenta la presión impositiva sobre ciertos sectores, y recorta jubilaciones,
pero no hace ningún anuncio sobre las reformas en las que hay que avanzar
después de la pandemia.
En definitiva, el gobernador le pide solidaridad a los contribuyentes para
sostener la mala administración de su gestión, que no empezó hace 6 meses. Y
marca una ridícula contradicción: en vez de que el Estado sea
solidario con sus ciudadanos en caso de extrema necesidad, son éstos los que
deben “ayudar” al Estado a mantener su estructura.
Es cuestionable que sea el propio sector pasivo el que haga un esfuerzo para
sostener el sistema que tiene déficit crónico. La emergencia es la oportunidad
histórica para resolver el problema de una vez por todas, haciendo los cambios
que se vienen postergando, algunos anunciados por el gobernador en su discurso
ante la Asamblea Legislativa: la reforma de la Caja de Jubilaciones. ¿Por
qué Bordet pide el esfuerzo a los jubilados y no plantea esa reforma para darle
sustentabilidad, como también se lo hemos planteado desde la oposición? ¿Mejora
la situación del sistema tras cumplirse el plazo de la emergencia? A
la emergencia también la tiene un jubilado que cobra 75 mil pesos porque puede
estar ayudando a algún hijo o familiar afectado económicamente por la pandemia.
Es cuestionable pedirles un esfuerzo a una planta de empleados públicos que
está sobre dimensionada por responsabilidad de las diferentes administraciones.
Una vez más, hay que recordar que hace 5 años gobierna la
provincia Bordet, que incluso en plena pandemia hizo nombramientos en cargos no
esenciales, lo que advertí oportunamente.
Pero, además, desde 1983 hasta hoy el PJ gobernó Entre Ríos en 29 de los 37
años de democracia, y principalmente en los últimos las gestiones dejaron las
cuentas provinciales en rojo. Y lo curioso es que nunca, ninguno de los gobernadores
hizo autocrítica o escuché que se hiciera cargo del desmanejo financiero.
Siempre la culpa es de otro y, si es de una fuerza política diferente, más
culpable aún.
Es cuestionable que otra vez sea el sector productivo el que pague los platos
rotos. No estoy a favor de que el campo siga siendo la caja que
todos manotean cuando necesitan recursos.
Es cuestionable cobrar un impuesto a los bancos porque sabemos que lo
terminarán transfiriendo a quienes utilicen sus servicios. Es decir, no solo
afectará a grandes clientes sino a cualquier PYME o persona que trabaje con la
entidad.
Los entrerrianos deben tener en cuenta que como así como esta ley es un parche
y no una solución, cuando salgamos de la pandemia y mientras no se resuelvan
los problemas de fondo, el esfuerzo que hoy se le pide a los sectores
mencionados lo deberán hacer quienes posean menos de mil hectáreas, el
contribuyente común que paga ingresos brutos, los jubilados con haberes menores
al tope mínimo actual, y seguramente volverán a aumentar la carga impositiva
porque es la herramienta a la que los gobiernos echan mano cuando necesitan
engrosar los ingresos.
No debemos quedarnos en la mera discusión de esta Ley de Emergencia, que no
mejora las cuentas públicas ni cambia la manera de administrar la provincia.
Debemos plantearnos la situación de cara al futuro. Con la emergencia no se
arreglan los problemas de fondo, y debe ser una oportunidad para empezar a
solucionarlos.