La presidenta de la Asociación de víctimas de delitos aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), Carla Cusimano, criticó con dureza al Ministerio Público Fiscal (MPF) por su posición contraria a que los juicios por violencia de género o por abuso a menores sean llevados adelante mediante el sistema de juicio por jurados · Cusimano expresó que esta postura responde a una actitud “discriminadora” y mandó al Procurador General a leer a Jaques Lacán, según pudo saber
En un extenso documento que publicó en su perfil de Facebook, la dirigente de Vidaer señaló que la Instrucción General 02, firmada por el Procurado Jorge Amilcar Luciano García y el Consejo de Fiscales dada a conocer por esta Agencia hace unos días “pretende hacer una utilización de las víctimas y/o de sus familiares, haciéndonos creer que es por nosotros cuando en realidad se esconde otro interés”.
“Este instructivo hacia los fiscales de la Provincia de Entre Ríos tiene nombre, apellido, cargo y sello más allá de los coordinadores firmantes. Todos sabemos de quién se trata y cuál es su principal objetivo que nada tiene que ver con las víctimas y/o sus familiares”, alertó.
Luego realizó una puntualización de las distintas argumentaciones que se hace en el documento del MPF, desarticulando sus fundamentos. En primer lugar, apuntó al señalamiento sobre la eventual falta de consulta a la víctima para llevar adelante un proceso con jurados. “La víctima de violencia de género en cualquiera de sus extensas formas continúa teniendo todo el derecho, no solo a emitir su opinión sino a recibir toda la ayuda que necesite, cuestión en la que el sistema judicial de nuestra provincia ha fallado en innumerables casos”, dijo.
“Si las víctimas de violencia son niñas, niños o adolescentes declaran o se les toma testimonio durante la instrucción en Cámara Gesell, nunca son llevados a la sala donde se desarrolla el juicio. De igual manera, la mujer víctima de violencia puede declarar, si así se siente menos vulnerada, en Cámara Gesell sin que exista la posibilidad de una victimización secundaria. Todo esto es lo que hoy existe como herramientas y va más allá del sistema de juzgamiento, ya sea el acusatorio o el juicio por jurados”, precisó.
Sobre la eventual falta de imparcialidad por falta de capacitación específica en materia de género que el documento de Fiscalía consigna, Cusimano consignó: “Afirmar que son ‘funcionarios’ al solo efecto de decir luego que no están capacitados como sí deben estarlo los funcionarios públicos en perspectiva de género, es al menos muy rebuscado”. Y más adelante apuntó: “Las dificultades técnicas existen en todas las causas y no por eso los jueces técnicos son profesionales de la psicología, ni peritos en balística, ni mecánicos en los casos de delitos viales, ni contadores en las causas del fuero civil y comercial, ni especialistas en ambientalismo en causas referidas a delitos ambientales, para todo eso están los peritos y sus informes serán parte de lo que analizará el juez para dar su sentencia. Lo mismo ocurre con el jurado”.
También consideró de un “nivel de discriminación impensado” al razonamiento presente en el documento de Fiscalía donde se consigna que los jurados populares son susceptibles a juzgar en función del sistema patriarcal de prejuicios. “Supone que la sociedad toda, aquella que no pertenece a la élite de la justicia, es machista y patriarcal. Claro que no desconozco que parte de la sociedad está atravesada por esta verdadera patología, pero también entiendo que los funcionarios y funcionarias judiciales también lo están o quizás lo que les está sucediendo, no soy psicóloga, pero deberíamos leer un poco sobre la Teoría del Espejo de Jacques Lacan”, sostuvo.
A párrafo seguido, disparó: “Sino cuentenme como fue que tanta preparación que tienen ustedes (por quienes integran el MPF) sobre perspectiva de género no sirvió para que pudieran dar la protección, la contención y la atención a Fátima Florencia Acevedo a la que asesinó su ex pareja después de haberlo denunciado y de lo cuál deberían hacerse cargo porque algunos operadores del sistema judicial son los responsables de su muerte”.
“Pretender que los potenciales jurados tengan una preparación previa es ir contra el espíritu mismo de la ley, una cosa es que eventualmente puedan tenerla y otra es que sea automáticamente un motivo de recusación. Imagino mi situación, por ejemplo, siendo considerada machista y patriarcal solo por el hecho de no haber participado en una capacitación y privandoseme del derecho de integrar un jurado por la sola presunción de un/a fiscal”, añadió más adelante.
Con respecto al sistema de juicio por jurados, expresó: “Es una opción tomada por el Estado entrerriano a través de una ley votada en ambas cámaras legislativas y por lo tanto debe ser cumplida, de igual modo en que fue una opción el sistema acusatorio a través de la ley 9754 y a nadie se le ocurrió proponer que fuera optativo. Si no están de acuerdo (quienes conducen la Fiscalía) con el sistema o con alguno de sus puntos o artículos deben tratarlo donde corresponde y es en la Legislatura para su eventual modificación tal como lo manda nuestro sistema democrático. No se me hubiera ocurrido nunca que el ‘Consejo de Fiscales’ se pusiera a legislar con la forma de instructivo”.
“El sistema de juicio por jurados es un derecho constitucional que al fin podemos ejercer en nuestra provincia, a pesar de la élite”, concluyó.